Press release – Zona intangible tagaeri taromenane (ZITT): ¿una, ninguna, cien mil? Delimitación cartográfica, análisis geográfico y pueblos indígenas aislados

A new 70 pages book in Spanish with more details about the geographical faults and the conflicting cartographic representations will be released Wednesday 3rd of July 2013 at 10 p.m of Quito time in the web site   www.geoyasuni.org    with the following title:

Zona intangible tagaeri taromenane (ZITT): ¿una, ninguna, cien mil?
Delimitación cartográfica, análisis geográfico y pueblos indígenas aislados en el camaleónico sistema territorial del Yasuní.

Massimo De Marchi1*,Salvatore Eugenio Pappalardo2, Francesco Ferrarese3

1 Department of Civil, Environmental Architectural Engineering, University of Padova; Prometeo Project, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

2 Post doctorate fellow, Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and the Environment, University of Padova

3 GIS Laboratory, Department of Historical, Geographical and Antiquity Sciences, University of Padova

E-mail:  maximo.demarchi@geoyasuni.org

The physical copy of the book published by the editors CICAME-FAL and CLEUP will be available in the bookstores in Ecuador in the middle of July 2013.

Perú: Consulta Previa en el Lote 192, cuando la realidad es más compleja que los deseos

 

Consulta Previa en el Lote 192: cuando la realidad es más compleja que los deseos

 

Por Ismael Vega*

 

11 de abril, 2013.- Cuando el gobierno anunció el primer proceso de consulta del lote 192 en Loreto, nunca imaginó lo difícil que sería hacer realidad este deseo. El proceso anunciado, no solo no se  ha iniciado sino que además, no se sabe cuándo se iniciará. Lo que se sabe, es que se viene configurando un escenario político que nos hace pensar en la posibilidad de que el primer proceso de consulta no se implemente.

La formación de la Comisión Multisectorial (1), conformada por los diferentes sectores del gobierno (MINCU, MINEM, MINAM, MINAG, MINEDU, MINSA  entre otros) y las organizaciones indígenas (FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT, ACODECOSPAT y ORPIO) para evaluar los impactos ambientales y sociales en las cuencas afectadas por  40 años de actividad petrolera en la zona, no ha podido cumplir con su objetivo   a pesar que el plazo para realizar su trabajo se haya vencido.  No existen informes públicos sobre el trabajo realizado por la Comisión,  pero se ha logrado pocos avances en el trabajo de la subcomisión ambiental y casi nada en la subcomisión encargada de evaluar los impactos sociales relacionados con educación y salud.

Esto es muy grave, porque “La solución de los pasivos ambientales, constituye un aspecto clave para generar las condiciones necesarias y poder implementar el primer proceso de consulta que se viene anunciando en esta zona de la Amazonía peruana” (2). Los pueblos indígenas han ratificado que no aceptarán ni participarán en el proceso de consulta si antes no se solucionan los graves impactos socioambientales y el alto grado de contaminación que aún existe en la zona que se quiere explotar y para que esto sea viable es necesario que la Comisión Multisectorial  haga el trabajo que aún no ha realizado. La declaración de emergencia de la cuenca del río Pastaza por 90 días, por parte del MINAM, después de la presión de las organizaciones indígenas, es una medida importante pero evidentemente es insuficiente.

A lo anterior hay que añadir que Perupetro, después de reunirse en febrero y comprometerse con las organizaciones, a elaborar el plan de consulta del lote 192 en forma participativa y consensuada, no se ha vuelto a reunir con las organizaciones indígenas. Se esperaba que la reunión se lleve a cabo hace más de tres semanas en marzo, pero en estas semanas el presidente de Perupetro, Luis Ortigas y el ministro del MINEM, han salido a hacer declaraciones que crean dudas y más incertidumbres respecto a la viabilidad de la consulta en el lote 192 (3),  y los procesos de consulta en general al plantear la posibilidad de extender los plazos de los contratos petroleros. El MINEM ha remitido al MEF, un proyecto de Decreto Supremo que busca extender por diez años más, el plazo de los contratos de explotación petrolera que están por vencerse con la finalidad de favorecer especialmente a las empresas que operan en el noreste del país.

Lo más peligroso es que se ha comenzado a decir desde el gobierno, que la consulta previa  es una dificultad porque impide que los proyectos petroleros se aprueben rápidamente. El presidente de Perupetro ha afirmado además, que de los 36 lotes de hidrocarburos anunciados por el gobierno, solo han licitado 9 lotes (todos frente a la costa), ninguno en la selva, porque la consulta previa a los pueblos indígenas es un proceso que retrasa los plazos proyectados y ahuyenta las inversiones.

Por su parte el sector empresarial ha comenzado a ejercer una presión cada vez más clara en esa misma dirección. Desde la CONFIEP y la SNMPE,  sus representantes sostienen que los empresarios temen  “la falta de autoridad para manejar las tensiones sociales”, por parte del gobierno y que los conflictos socioambientales boicotean las inversiones y reducen los niveles de inversión. Afonso García Miró, presidente de la CONFIEP, va mucho más allá, al decir que el gobierno debe “apartar a los malos funcionarios que quieren utilizar equivocadamente los conflictos sociales para darle un cariz ideológico” (4).

Frente este escenario, nos preguntamos si el gobierno tiene una estrategia integral para implementar procesos de consulta previa en zonas con problemáticas sociales, económicas y culturales tan complejas como la que existe en las cuencas del Pastaza, Corriente y Tigre, donde las organizaciones indígenas plantean cinco demandas: remediación ambiental, titulación de territorios comunales, compensación por el uso de sus territorios y la indemnización por los impactos ambientales.

En todo caso, tenemos razones para dudar de la existencia de dicha estrategia si se tiene en cuenta que El MINEM y Perupetro, apoyados por el MEF, presionan para apurar los plazos de la consulta y no dudan en afirmar que la consulta previa  es un obstáculo que impide perforar 60 pozos petroleros por año y no solo 10 como es ahora y pasar de la producción actual de 3,323 millones de barriles de petróleo a 13,396 barriles anuales (5). Todo esto mientras el MINAM, afirma que la consulta y los trámites que implica, no ahuyentará las inversiones y traerá paz y estabilidad (6), está a punto de poner en marcha el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y declara en emergencia la cuenca del Pastaza y por su parte el MINCU capacita y acredita traductores indígenas, publica la guía metodológica etc.

Es importante tener en cuenta que la producción de petróleo del lote 1AB, es la más importante del país, más de 15 mil barriles diarios (más del 10% de producción del petróleo nacional), se trata de un lote estratégico para el gobierno de Humala, que ahora se quiere ampliar (Lote 192). En menos de un año, se vencerá el contrato de explotación de este lote, en manos de Pluspetrol, la Comisión Multisectorial está lejos de contar con un informe sobre los impactos sociales y ambientales de la zona afectada, ni siquiera se cuenta con el plan de consulta previa a los pueblos indígenas para saber si será posible comenzar la explotación del lote 192. Por su parte el MINAM y el MEF  juegan su propio partido en pared con las empresas petroleras para ampliar la vigencia de los contratos que están por concluir.

Los empresarios exigen que se saque a funcionarios “ideologizados” y presionan para poner mano firme frente a los conflictos y evitar que se “vayan las inversiones”. No hay que olvidar que el gobierno ha reafirmado su decisión de intensificar su política de actividades extractivas, como lo muestra su anuncio de 36 nuevos lotes petroleros que significarían aproximadamente unos 18 mil millones de inversión (500 millones por lote).

Las presiones y tensiones al interior del gobierno entre MINEM-MEF y MINAM- MINCU,  en torno a las actividades extractivas y los derechos de los pueblos indígenas se agudizan y el margen de maniobra de los que aún piensan que la consulta, pese a las dificultades es viable, se acorta. Después de 20 meses del gobierno de Humala y del discurso del Presidente del Consejo de Ministros (7) en el que anunciaba inversiones de 30 mil millones de dólares en minería y 11,800 en hidrocarburos, los empresarios comienzan a pedirle condiciones favorables para la inversión de sus capitales.

Las reparaciones por los impactos de la actividad petrolera y la consulta previa en el lote 192, forman parte de un derecho al que los pueblos indígenas de las cuencas del Pastaza, Corriente y Tigre  no están dispuestos a renunciar. Para el gobierno de Humala, la consulta en este lote, es un proceso que no solo es clave desde el punto de vista económico, también lo es desde una perspectiva política. El gobierno debe mostrar que tiene la capacidad para compatibilizar la inversión en actividades extractivas con el respeto a los derechos indígenas y a la consulta previa que tendrá que hacer en los próximos años.

Notas:

(1) Comisión Multisectorial, creada por DS N°200-2012-PCM.
(2) Ver artículo: “Primer proceso de consulta los pueblos indígenas amazónicos: El peso de la historia, expectativas e incertidumbres en torno al lote 192 (Ex 1-AB”). En: CAAAP: http://www.caaap.org.pe/home/noticias/661-primer-proceso-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-amazonicos-el-peso-de-la-historia-las-expectativas-y-las-incertidumbres-en-torno-al-lote-192-ex-1-ab.html;  http://www.servindi.org.pe
(3) Diario Gestión, 31 de marzo, 2013 “El MEF evaluará proyecto para ampliar por 10 años más contratos petroleros”
(4) Diario Gestión,: “El único temor que podemos tener es la falta de autoridad en las tensiones sociales”; 21 de marzo 2013
(5) Diario Perú 21, “Ley de consulta previa, una dificultad”; 26 de marzo 2013.
(6) Declaraciones del Ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, Diario La República, 06 de abril 2013.
(7) Discurso del Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner G., ante el Congreso de la República, del 25 de agosto del 2011.

*Ismael Vega es investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
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Perú: Más de cien indígenas en aislamiento piden alimentos en Monte Salvado

Servindi, 27 de junio, 2013


Alrededor de 150 indígenas en aislamiento voluntario, pertenecientes a la etnia Mashco Piro, ingresaron pacíficamente desde el lunes 25 a la Comunidad Nativa Monte Salvado, en Madre de Dios, para solicitar mediante gestos plátano dulce y otros productos.

Uncontacted Tribes

Uncontacted Tribes

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (Fenamad) confirmó la insólita situación de emergencia y clamó por que las autoridades brinden un auxilio oportuno y adecuado para los comuneros de Monte Salvado, pertenecientes a la etnia Yine, y que no pueden salir para aprovisionarse de alimentos ni trabajar en sus chacras.

Se trata de 53 personas entre niños, adultos y ancianos que además temen poder ser agredidos por los indígenas en aislamiento si se les acaba los productos que les solicitan los aislados que prácticamente han ocupado sus chacras y transitan por la comunidad.

El viernes una comisión multisectorial viajará de emergencia a la comunidad nativa Monte Salvado, ubicada en el distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, luego de un acuerdo entre la Fenamad e instituciones del Estado.

La comisión integrada por representantes de Defensa Civil, la dirección de Salud y la Fenamad primero viajarán tres horas por carretera hasta Lucerna, en el distrito Las Piedras y de ahí tomarán un bote que los acerque a la comunidad.

Previamente el jueves 27 partió un bote desde Puerto Maldonado llevando un cargamento de víveres y combustible para asistir a la población nativa de Monte Salvado. Se espera que llegue a la comunidad el sábado por la tarde.

Klaus Quicque, presidente de la Fenamad, reiteró el llamado al viceministerio de Interculturalidad, ente rector de protección de los pueblos indígenas en aislamiento, para que actúe con la celeridad y propiedad en esta situación de emergencia.

César Augusto Jojajé, también dirigente de la Fenamad, manifestó a Servindi, que los indígenas en aislamiento voluntario se encuentran desesperados ante la presión de la minería ilegal, el narcotráfico y la extracción ilegal de madera, entre otros factores, que se efectúan en territorio de los pueblos en aislamiento voluntario.

La aparición de los aislados

A las 9:30 de la mañana del lunes 24 de junio un agente de protección de la Fenamad, de nombre Ernesto, fue el primero en ver a un grupo de 23 aislados frente a la comunidad Monte Salvado.

Los aislados permanecieron en una playa del río Las Piedras unas tres horas y luego se retiraron adentrándose en las profundidades de la selva.

El martes 25 por la mañana otro grupo de 33 personas volvió a aparecer en la playa e igualmente, después de algunas horas, se retiró de la zona.

Según información proveniente de la comunidad, desde las 7 de la mañana del miércoles 26 un número considerablamente mayor -110 visibles y unos 40 más adentro del bosque, lo que sumaría una suma total de aproximadamente 150 personas- nuevamente fue visto en la playa frente a la comunidad.

Los indígenas bajan al río como lo suelen hacer en esta temporada en que disminuye el caudal, para buscar huevos de taricaya, típicos en su alimentación.

El jueves han ingresado a las chacras de la comunidad haciendo ruidos de animales hasta las 12 del mediodía. En horas de la tarde han guardado silencio y al parecer permanecen calladitos explicó César Augusto Jojajé.

Se evitará cualquier contacto

Los comuneros y los siete agentes que operan en un puesto de vigilancia de la Fenamad ubicado en Monte Salvado de inmediato adoptaron un plan de contingencia para evitar cualquier contacto con los indígenas en aislamiento.

Según informó Fenamad los agentes han sido capacitados para actuar en este tipo de contingencias, y su función principal es brindar seguridad a los comuneros y a los mismos aislados así como evitar cualquier tipo de contacto con ellos.

La ubicación estratégica del puesto de vigilancia permite a los agentes, que son de la misma comunidad, vigilar el río Las Piedras y controlar el ingreso de extraños que pudieran molestar o poner en riesgo la vida de los indígenas en aislamiento.

Cabe destacar que el sistema inmunológico de los indígenas en aislamiento no está preparado para resistir enfermedades comunes de nuestro medio como una simple gripe que puede resultar devastadora para ellos.

La presencia de los aislados fue puesto en conocimiento de las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios, el Parque Nacional Alto Purús, el Viceministerio de Interculturalidad, entre otras.

Los pobladores de la comunidad nativa Monte Salvado, ubicada a 153 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, pidieron a las autoridades ser evacuados de forma inmediata de la zona.

El presidente de la Fenamad confirmó el pedido de los pobladores para quienes pidió una evacuación vía aérea.

Hasta el momento, los indígenas en aislamiento han pedido plátano, y los pobladores accedieron en su totalidad a proporcionárselos, pero temen cuando se les acabe esta fruta.

Fuente: servindi.org

Ecuador: experto de la ONU pide el fin de la violencia entre indígenas Tagaeri-Taromenane y Waorani

GINEBRA (16 de mayo de 2013) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, ha mantenido un dialogo con el Gobierno de Ecuador en el cual ha urgido la adopción de las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia entre los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane y Waorani, de la reserva de la Biósfera Yasuní en la Amazonía ecuatoriana.

Según información recibida por el experto de la ONU, varios miembros del pueblo Taromenane resultaron muertos a finales de marzo en esa reserva de la provincia de Orellana en un ataque de indígenas Waorani, quienes también raptaron a dos niñas Taromenane. El asalto tuvo lugar tras la muerte de dos ancianos Waorani el 5 de marzo de 2013, atribuida a los indígenas en aislamiento Taromenane.

Respecto de las dos niñas Taromenane retenidas, el Relator Especial de la ONU señaló que corresponde al Estado adoptar todas las medidas de protección necesarias en el máximo interés de las menores, empezando por su salud física y psicológica y la preservación de su cultura, de acuerdo con los estándares internacionales.

“Ningún crimen cometido puede quedar impune”, recalcó el Sr. Anaya. “Exhorto a las autoridades a que procedan con la urgencia del caso y lleven a cabo una investigación a fondo en coordinación con el pueblo Waorani y el apoyo de peritos antropólogos”.

El experto independiente recomendó que el proceso de judicialización de los hechos se realice conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y que considere la vulnerabilidad del pueblo Waorani y su propia forma de justicia.

“Para asegurar la judicialización de estos hechos con pleno respeto de la cultura Waorani y de los derechos humanos desde una visión intercultural”, dijo el Sr. Anaya, “primero se debe explorar la existencia de normas y procedimientos del sistema de justicia indígena aplicables y, en todo caso, se debe establecer un dialogo intercultural entre autoridades de la justicia indígena y operadores de la justicia ordinaria”.

“El proceso de judicialización debe ayudar a prevenir nuevos conflictos y garantizar una paz verdadera en el territorio Waorani y en la entera Reserva de la Biósfera Yasuní”, indicó.

El experto independiente también propuso que se efectúe una examen exhaustivo de las causas del conflicto y las presiones que históricamente han afectado los pueblos indígenas de estas zonas y provocado su desestabilización social y cultural.

“Esta investigación participativa permitiría identificar las medidas preventivas y de protección más efectivas a favor de los Tagaeri-Taromenane y Waorani, como parte de una política pública que establezca las condiciones de paz y armonía en sus territorios”, señaló.

En relación a los pueblos indígenas que optan por el aislamiento, el Sr. Anaya reiteró que “se debe respetar el principio de no contacto, lo que implica implementar una política pública que proteja sus espacios vitales y les preserve de presiones por parte de empresas extractivas, la tala ilegal de madera, y el asentamiento no autorizado en el área”.

En su diálogo con el Gobierno ecuatoriano, el experto ha recomendado adoptar las medidas necesarias de protección de estos pueblos conforme a la Constitución de Ecuador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay elaboradas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Basados en este principio de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en 2006 a favor de los pueblos Tagaeri-Taromenane.

El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al Sr. James Anaya (Estados Unidos) como el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas por un período inicial de tres años, y renovó su mandato por tres años más en 2011. El Sr. Anaya es catedrático de derechos humanos en la Universidad de Arizona. El Relator Especial es independiente de cualquier Gobierno y sirve en su capacidad individual. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx o www.unsr.jamesanaya.org

ONU Derechos Humanos – Ecuador: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/ECIndex.aspx

Consulte la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement

Para más información y solicitudes de prensa, favor ponerse en contacto con Maia Campbell (+ 41 22 917 9314 / mcampbell@ohchr.org) o escriba a indigenous@ohchr.org.

Para solicitudes de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:

Xabier Celaya, ONU Derechos Humanos – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)